vconuepan Marzo 12, 2017 Sin Comentarios

Integrantes Grupo:
Venancio Coñuepán, director ejecutivo, Fundación Chile Intercultural
Sebastián Donoso, consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos
Miguel Laborde, académico Universidad Católica
Carlos Martínez, cientista político independiente
Carolina Nahuelhual, Unidad Participación y Diálogo Social, Ministerio de Energía
Carlos Perafán, especialista principal, División Género y Diversidad, BID
Mario Rivas, director Pastoral Social, DAS Temuco
Augusto Robert, gerente Asuntos Públicos, Forestal Mininco
Nancy Yáñez, codirectora, Observatorio Ciudadano
Rodrigo Berner, coordinador

La situación actual en La Araucanía

Para cualquier observador neutral, La Araucanía debe ser una de las regiones con mayor potencial de desarrollo productivo del país, dada la generosa dotación natural con que cuenta en términos de suelos, aptos para el desarrollo agropecuario y forestal; la disponibilidad de fuentes energéticas renovables en sus ríos, yacimientos geotérmicos y en áreas donde la fuerza de los vientos permite competir adecuadamente con la generación térmica a carbón; o las bellezas turísticas de la región, que albergan desde el turismo masivo al de intereses especiales.

En la práctica, la diferencia entre potencial y realidad es abismante. La Araucanía es la región más pobre del país. Con 5.100 dólares de PIB per cápita nominal, su ingreso representa poco más de un tercio del ingreso medio nacional, y es casi ocho veces menor que el correspondiente a Antofagasta, la región más rica de Chile. Asimismo, es la región con el más bajo Índice de Desarrollo Humano y tiene la peor distribución de ingresos del país, con un índice Gini de 0,58.

¿Implica que el conflicto en la región ha desincentivado la inversión y ello explica esta posición desmedrada en relación al total del país? Sí y no. No cabe duda que la inversión privada se ha resentido notablemente en la región. Como referencia, basta ver el catastro de proyectos de inversión de Sofofa al 31 de diciembre de 2014, donde las regiones del Maule y La Araucanía están “en el fondo de la tabla”, cada una con menos del 1% de la inversión total proyectada. Sin embargo, la situación descrita anteriormente es de larga data: en 1960, La Araucanía también era la región con el menor PIB per cápita del país, lo que nos habla de que, al menos para la población mapuche, la falta de recursos financieros, unido a bajos niveles de educación formal han determinado un aprovechamiento de sus tierras –junto a su mano de obra, generalmente las únicas formas de recursos disponibles– muy por debajo de la potencialidad económica del recurso a plena capacidad de uso.

Recomendaciones para el sector privado

La participación de los integrantes de este Desafío Capital fue muy enriquecedora en términos de la amplitud de visiones respecto al tema, y aun cuando era inevitable utilizar parte importante del espacio de discusión al rol del Estado en la solución al conflicto en La Araucanía, el grupo focalizó su trabajo en el rol que puede tener el sector privado.

En esta línea, Mario Rivas es explícito: “Yo no llamaría al Estado en esta etapa… dejemos que duerma, porque él ha tenido una cantidad enorme de experiencias fallidas, no sólo con el tema indígena, sino con el tema de las comunidades en general”. Y respecto al rol de las empresas, señala que “no debemos acelerar ni recalentar los procesos que hoy se están generando en La Araucanía. En la relación empresa-comunidad, algunos dicen que ésta nace para blanquear imagen y otros dicen que se está comprando paz a base de algunos recursos. Pero yo creo que hoy hay que ser optimistas y comprender que se está viendo la posibilidad de un acercamiento real entre estos actores”.

La experiencia internacional también sugiere adoptar ese camino para el cual no es necesario ir tan lejos geográficamente para aprender, por ejemplo, de la experiencia de Colombia en este ámbito. Carlos Perafán indica que, al estar al borde de una guerra civil, las comunidades y el sector privado de ese país –sobre todo representado por el poderoso sector ganadero–, finalmente se sentaron a una mesa de negociación y lograron llegar a un acuerdo, el que mayoritariamente debía ser financiado por el Estado. Como éste no tenía posibilidad política de desconocer el trabajoso acuerdo entre las partes, siguió la línea de adoptarlo como propio, el que hasta el día de hoy ha permitido cambiar la dinámica de conflicto a colaboración en las regiones afectadas.

La situación anterior pone de manifiesto, quizás, cuál es el principal obstáculo a la fecha para que lo anterior ocurra: que el sector privado reconozca que tiene al frente a un interlocutor válido, que está expresando que tiene un conflicto de identidad, de legitimidad y, finalmente, uno de propiedad.

Éste no es un tema solamente de responsabilidades. Las comunidades entienden, en la mayoría de los casos, que los colonos o los actores privados que operan en la región no son los responsables directos del conflicto, sino el accionar del Estado chileno. Pero tampoco lo anterior constituye una salvaguardia para que aquéllos se desentiendan de sus intereses y responsabilidades para la resolución del conflicto.

Miguel Laborde pone de manifiesto que, en general, la clase dirigente chilena tiene problemas para manejarse con la diversidad, y que la negación de nuestro mestizaje y su arraigo en la identidad chilena es un problema cultural serio al momento de sentarse a una mesa de diálogo, ya que cuando no se produce una valoración de una de las partes en un conflicto, ambas partes pierden.

Venancio Coñuepán concuerda con este punto e indica que un desarrollo sostenido en La Araucanía se tiene que basar en tres pilares: reconocimiento, participación y confianza. Agrega que “la forma de alcanzar un modelo o una instancia de desarrollo es crear un mecanismo de comunicación entre los actores. No donde la empresa imponga un modelo extractivo o de tecnología, lo que hay que propiciar son mecanismos de comunicación (…) lo importante es construir confianza, y para ello no sólo se debe consultar por consultar, sino que la consulta tenga por finalidad mejorar los proyectos, con pertinencia y con la opinión libre de las personas que se van a ver afectadas con este emprendimiento”.

Aun así, es claro que existirán complejidades por la naturaleza de los proyectos que se quieran desarrollar. Nancy Yáñez lo expresa sin ambages: “Creo que es importante dimensionar que el modelo de desarrollo basado en el extractivismo es complejo para comunidades étnicas, cuya base de identidad es precisamente el territorio y la vinculación con los recursos naturales. Esto genera una situación de confrontación entre modelos de desarrollo, que efectivamente coloca de alguna manera en jaque el sistema de vida y costumbre de las comunidades indígenas”.

Algo en lo que coincide Carlos Martínez. “A mí se me hace difícil imaginar cómo dos mundos distintos, el empresarial y el de las comunidades indígenas, podrían llegar a algún grado de acuerdo en lo que vamos a entender por desarrollo”, explicita.

Sin embargo, Nancy Yáñez no lo ve tan inviable si se verifican ciertas buenas prácticas de relacionamiento. “Me parece que las empresas hoy deberían subir los estándares de evaluación y de mitigación de modo tal que no se comprometan derechos fundamentales como el de la integridad del hábitat de la comunidad; el derecho a preservar sus territorios, o el derecho a que las actividades productivas de esas comunidades puedan mantenerse. En ese escenario, los proyectos debieran prever y aplicar el principio preventivo ambiental con mucho más rigurosidad que la que han venido aplicando”, dice.

De modo similar se expresa el abogado Sebastián Donoso. “Hay una tendencia en las empresas a pensar en el tema indígena sólo cuando se produce un conflicto y a reaccionar de una forma que no genera una política de largo plazo en su relación con las comunidades indígenas (…) Pensar en el largo plazo significa intentar por lo menos transversalizar el tema internamente en la empresa, no vivir con esta política de que el tema indígena es de los departamentos de recursos humanos y de asuntos públicos, pero no del resto de la organización”, afirma.

Con una larga experiencia en este tema, Augusto Robert tiende a compartir lo señalado por Donoso. “Creo que en el caso nuestro, se ha sistematizado la forma de relacionamiento con las comunidades, tratando de unificar los criterios, capacitando a nuestra gente para que tenga las mejores herramientas de vinculación ya no entregándolo sólo a características o visiones personales, sino que como una política de vinculación con las comunidades donde nosotros operamos. Esto que podría parecer como bastante simple, nos ha tomado tiempo de aprendizaje, pero ha ido abriendo una puerta de vinculación en la relación que es bien interesante”, señala.

Para efectivamente crear valor compartido, José Pablo Undurraga dice que la empatía es precondición. “El desafío para las empresas es cómo preparar ejecutivos que efectivamente puedan ponerse en el lugar del otro y entender cuáles son los derechos y deberes de la empresa frente a las comunidades con las cuales se relacionan, independiente de que sean indígenas o no”, afirma. En ese sentido, Undurraga es optimista. “Se están haciendo apuestas muy ambiciosas en términos de una nueva forma de relación con las comunidades en La Araucanía, donde ellas sean parte de la propiedad efectiva de las mismas. Para que ello cristalice, debemos aprender nuevas formas de aceptación e integración multicultural. Para quienes venimos del mundo de las empresas, es todo un reseteo nuevo, pero los frutos pueden ser enormes para las comunidades y para el país”, explica.

FUENTE: Revista Capital. 15 de octubre del 2015.