vconuepan Marzo 12, 2017 Sin Comentarios

Han pasado 57 días desde que el Ministro del Interior solicitó la renuncia al Intendente de la Araucanía, Francisco Huenchumilla y nombró en su lugar a Andrés Jouannet.

Desde el primer día supuso un cambio en la forma de abordar el conflicto en La Araucanía. Mientras Huenchumilla hablaba de un Estado Plurinacional y entender que las tierras son ancestrales y hay que devolverlas, el Intendente Jouannet asegura que: “en la región no hay terrorismo, y que no conversará con comunidades que ejerzan medidas de presión, como la toma de la sede de la CONADI” y agrega que el problema de fondo es otro:  “nosotros tenemos que trabajar porque tenemos un tema de fondo, la pobreza, eso es lo que nosotros tenemos que resolver, eso es lo que nos pide la Presidenta Bachelet”.

Este cambio es significativo, ya que ahora prima la lógica de invisibilizar a los pueblos indígenas y sus demandas, subsumiéndolo entre lo marginal y lo terrorista.  Atrás quedo el “plan Araucanía” de Bachelet, que en campaña prometía consensuar un estatuto de autonomía especial, con parlamento y lengua propios (…) transformando a la región en un territorio donde primara la cultura indígena y las decisiones se tomen previa consulta a las comunidades.

En el actual escenario las demandas políticas de los mapuche no tienen cabida y sólo son calificados como simples delincuentes: “esta región no es de nadie, esta región le pertenece a toda la gente de La Araucanía y  no queremos que esté atrapada por un grupo de delincuentes como en todas partes del país hay, que son desadaptados sociales que quieren generar una imagen de La Araucanía que no es”.

La destitución de Huenchumilla implico cambiar un político por un operador del Ministro Burgos –Jouannet era asesor del Gabinete del Ministro de Interior hasta el día anterior-, el Ministro pretende poner orden en el Gobierno, en el parlamento, en las calles. Y en La Araucanía con la política del garrote y la zanahoria.

La puesta en escena comenzó hace meses: primero, con la promesa de aumentar las cámaras de vigilancia en la ruta 5 sur, luego con el polémico mapa de los retenes de policías, la promesa de un seguro para las víctimas, la diaria arremetida de los gremios en los medios de comunicación, vinculación de los mapuche con las FARC, reuniones del Ministro Burgos con policías y ANI, designando un fiscal preferente para investigar ataques a camiones, con convoyes de camiones escoltados por Carabineros,  y cómo acto final, el General Director de Carabineros, Bruno Villalobos, dijo que se creará una nueva unidad para combatir delitos en la zona del Conflicto en La Araucanía, a cargo de un general que agrupará el Bío Bío, La Araucanía y Los Ríos y su misión será perseguir los ataques, el robo de madera, los atentados a camioneros, entre otros ilícitos.

La política del garrote y la zanahoria tiene su fundamento en la visión del conflicto como una cuestión de marginalidad, con dos caras: por un lado, se ve a los mapuche –e indígenas en general- como grupos de personas que no han logrado integrarse al proceso de desarrollo y participación, cuestión que sería superada con políticas públicas que permitan altas tasas de crecimiento económico, a partir de las cuales será superado el subdesarrollo, y políticas subsidiarias que permitan el “empoderamiento” –que no es otra cosa que control estatal- de estos grupos marginados.

Bajo esta vertiente las imberbes soluciones pasan desde la entrega de tierras con apoyo productivo al aumento del presupuesto de CONADI o la transformación de esta última en un Ministerio de Asuntos Indígenas; en el mejor de los casos una ley de cuotas dentro de los partidos políticos o un Consejo de Pueblos sin poder resolutivo.

Por otro lado, en La Araucanía, además, se concibe la marginalidad como una conducta desviada “ (…) En todas las sociedades existen un conjunto de objetivos y de normas sancionados como válidos, que los miembros de las mismas deben perseguir. Aquellos individuos que se apartan de estas pautas de comportamiento son tachados de desviados.” (Campos, Jaime. El concepto de marginalidad social en América Latina. Pág. 81)

En consecuencia, aquellos mapuche que se atreven a pedir el izamiento de la bandera mapuche en conjunto con la chilena son tratados de “chilenos exaltados de origen mapuche”; los que se toman CONADI exigiendo que funcione, son desalojados con disparos; aquellos que osan pedir una reunión con el Ministro Burgos tal cómo lo hizo con los camioneros, son recibidos por un asesor sin importancia; los que piden una asamblea constitucional mapuche son acusados de actuar fuera de la ley; todo aquel que pida algo fuera de las “normas válidas” es destituido o calificado de terrorista.

Tanto es así que el propio Subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy dijo hace unos meses: “El Gobierno no dará acceso a beneficio de tierras a comunidades mapuche violentistas y sólo comprará a comunidades mapuche pacifistas y a arrepentidos”.   Sólo los mapuche compuestitos, los arrepentidos, los chic podrán acceder al beneplácito del Gobierno. Esta política del garrote y la zanahoria, de la represión y paternalismo son las caras de una misma moneda que tiene por sello: la exclusión del pueblo mapuche.

Una exclusión de lo indígena, una exclusión estructural, resultante de un plan sistemático de privar a los pueblos indígenas de redes de pertenencia y redes solidarias, despojarlo de su estructura social – lof y autoridad de los longkos-, de dejarlo fuera de la sociedad, del sistema, del aparato productivo, condenarlos al abandono y esperar que desaparezcan. Hoy no existen gremios indígenas, no existen Parlamentarios, ni Ministros de la Corte de Apelaciones o Suprema, ni Generales, ni Ministros o Presidentes de la República que sean indígenas y si un Intendente indígena se sale de la “ norma válida”, es destituido.

Salir de la política indígena de invisibilización y por consecuencia encontrar un camino de paz en La Araucanía –y en el país-, pasa por reconocer efectivamente la pluriculturalidad y propiciar la participación efectiva de los pueblos indígenas en la toma de decisiones, promover un diálogo horizontal y renegociar de buena fe nuestro pacto social.

Venancio Coñuepan

FUENTE: Voces La Tercera. 20 octubre del 2015.